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miércoles, 19 de marzo de 2014

77.580 millones robados. “Ese es el gran tema: cómo se han gestionado las cajas de ahorro desde el año 1996 hasta 2010."






A mediados del siglo pasado las Cajas de Ahorro y Montes de Piedad nacieron para contrarrestar la lejanía de los bancos del pueblo llano. Perteneciendo en algunos casos a diputaciones provinciales, servían para inyectar ayuda al campesino así como a entidades benéfico-sociales y fundaciones. 

Centradas en la agricultura, ayudaron a que el campo español saliera a flote con créditos y microcréditos que hasta esa época nadie ofertaba. Y más adelante, y cuando empezaron a olisquear la tostada del capitalismo más violento, sirvieron para que el currante de a pie domiciliara sus nóminas.

Pasaron los años y la entrada en la Unión Europea obligó a profesionalizar algo las Cajas. Para pasar con nota ante el supervisor europeo, se decide gestionar y controlar desde el mundo político (cargos autonómicos, provinciales, el Ministerio de Economía y Hacienda) y el mismísimo Banco de España.

En teoría debería haber quedado segura la gestión de las mismas, pero el desastre ha sido mayúsculo: no hay entidad financiera dominada por lo público que no se encuentre en fase de quiebra, con una deuda astronómica y con unos futuros desconcertantes. De entre todas Bankia sobresale de una manera insultante, radical: no se sabe la cuantía exacta del agujero, aunque sí , que el Estado deberá inyectarle unos 40.000 millones de euros, que no de pesetas, para que pueda respirar. Y nadie se cree que estas faraónicas deudas se gestaran en los últimos dos años.

Entonces, ¿quién firmaba las auditorías de los ejercicios comprendidos entre 1990 y el año actual de cada Caja de Ahorros?





José Manuel Espinosa

José Manuel Espinosa Herrero, ex director de Caja Ávila, era el ejecutivo con la mejor cláusula de blindaje de todas las entidades fusionadas en Bankia. Si dejaba su puesto, contaba con 7 millones de euros más un complemento a la pensión de jubilación de la Seguridad Social que le permitiría cobrar el 100% de su salario, que ascendía a 44.923 euros en 2010, hasta su muerte. 



“Ese es el gran tema: cómo se han gestionado las cajas de ahorro desde el año 1996 hasta 2010, tema que está ligado a un rescate financiero que ha llevado al país al colapso”.


Son palabras del juez Elpidio Silva, sancionado en lugar de condecorado por haberse atrevido a encarcelar unas horas al banquero Miguel Blesa (Bankia).

Y es que los 10 partidos del régimen y la prensa oficial que los sostiene están escondiendo algo que fiscales, jueces, economistas y periodistas independientes ya han detectado y están dispuestos a averigüar: la ruina de España la causaron en sus inicios no más de 500 personas y bastaría investigar sus patrimonios para descubrir quienes deben reparar con multas y penas de cárcel los graves delitos de corrupción cometidos.



Se sabe perfectamente cuales son los 20 consejos de administración responsables del fraude y como se repartieron los 77.580 millones robados: 
Los 7 de Bankia (22.424 millones en Caja Madrid, Bancaja, Caja Insular de Ahorros de Canarias, Caja Laietana, Caja Avila, Caja Segovia, y Caja Rioja)
Los 3 de Catalunya Banc (12.052 millones en Caixa Catalunya, Tarragona y Manresa)
Los 2 de NCG Banco-Novacaixagalicia (8.981 millones por Caixa Galicia y Caixa Nova)
Las 12 son ahora entidades nacionalizadas, más Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) (14.100 millones), Caja Castilla la Mancha (CCM) (10.300 millones), Caixabank (6.575 millones), Cajasur (1200 millones), Banco de Valencia (1000 millones) y Unnim (948 millones en Caja Sabadell, Terrassa y Manlleu).

Agustín González González
Los nombres de los 500 políticos y banqueros que aún no están entre barrotes son muy fáciles de hallar. Los hay que son cargos públicos conocidos, como el célebre Agustín González González, presidente de la Diputación abulense, socialistas como Narcís Serra (Caixa Catalunya) o Juan Pedro Hernández Moltó (Caja Castilla la Mancha).

Otros son banqueros que se han movido entre las sombras del anonimato, aunque en sus provincias eran auténticos virreyes al que el populacho conocía por sus sobrenombres: Adolfo Todó , José Luis Olivas, alias “El Ruina” , Domingo Parra, Juan Francisco García, alias “El Flaco”, Juan Manuel Suárez del Toro , Josep Ibern, Jaume Botern , Jose Manuel Espinosa Herrero, Agustín González González "Topami", Manuel Escribano, Miguel Angel Sanchez Plaza, Atilano Soto Rábanos, alias “Milano”, Juan Antonio Fernandez Velilla y Fernando Beltrán. Y entre todos ellos, el “capo di capi”, Miguel Blesa, quien creó ese monstruo llamado Bankia, aunque después fue destronado por Rodrigo Rato.


José Luis Olivas, alias “El Ruina”
Funcionarios del propio Banco de España, que en un acto de gran valentía personal desvelaron un informe sobre el “caso Bankia” que inculpaba a Blesa y que fue ocultado al juez Elpidio Silva, ha estimado que desde mayo de 2009 el bolsillo del contribuyente ha tenido que pagar ya 61.366 millones de euros para cubrir el “agujero” que provocaron estos 500 banqueros. Ese dinero no incluye los avales del Estado a emisiones de entidades, ni la protección de carteras de activos, ni otros apoyos públicos.
“En este clima de silencio, en los arrabales del Poder se han dado cuenta de que será necesario arremangarse y chapotear en el barro del robo masivo producido en las Cajas para tratar, por un lado, de recuperar una parte, al menos, del dinero estafado a las entidades por los salteadores de cuello blanco de turno, y por otro, llevar a la cárcel a unos cuantos canallas. Todo para evitar que el personal se cabree y decida un día, cuando repare en la magnitud del desastre, prenderle fuego al escenario”, ha escrito el periodista especializado en el sector bancario, Jesús Cacho.

Incluso altos funcionarios del FROB (entidad del Banco de España) han llegado a anunciar una investigación sobre todas aquellas operaciones irregulares llevadas a cabo en las entidades nacionalizadas (Bankia, CatalunyaBanc, Novagalicia y BMN), para llevar ante la Justicia a quienes se enriquecieron ilegalmente con ellas. A tal efecto, el Fondo ha activado “un protocolo de detección de las operaciones realizadas que podrían ser sospechosas, estando ya trabajando con los servicios de auditoría interna de las cuatro entidades” nacionalizadas.

Pero frente a estos valientes, otros directivos del FROB están intentando tapar los delitos que se cometieron entre 1996 y 2008, que fue la época donde se registraron los mayores desmanes con los “pelotazos” inmobiliarios y urbanísticos. El Banco de España solo quiere revisar las operaciones hechas “durante los últimos 5 años”, un tope “que sorprende y hace sospechar de las intenciones últimas de Economía y del propio Gobierno, puesto que las mayores tropelías se cometieron antes de 2008, es decir, se perpetraron en los años gloriosos de la burbuja inmobiliaria” dice Cacho.


Espinosa y Agustón González (Caja Avila), otros dos banqueros de Bankia
José Manuel Espinosa Herrero y Agustín González González
“Se trataría de mirar todas las grandes operaciones de prestatarios singulares y corporativas. Pero eso sería solo el principio, porque detrás quedaría mucho trabajo por hacer, a saber: créditos fallidos en cuantía significativa, préstamos a promotoras participadas por las propias Cajas, préstamos a sociedades públicas municipales, etc. En realidad, deberían considerarse bajo sospecha todas las operaciones que se han llevado contra resultados de dotaciones y fallidos de los últimos 10 años de boom inmobiliario”, señala un experto en restructuraciones bancarias que coincide con la línea de investigación que exige el juez Elpidio Silva.


“Multitud de negocietes se han perdido “traspapelados” en las operaciones de fusión llevadas a cabo entre Cajas en los últimos años. “Yo le digo al ministro Guindos una cosa: sería suficiente con colocar a un equipo de entre 20 y 25 expertos bancarios por cada entidad financiera, y darles acceso ilimitado a toda la información existente en el Banco de España –porque todas las operaciones tienen que estar allí recogidas, como resultado de las inspecciones periódicas-, para que en seis meses, ni uno más, seis meses, quedara aclarada la operativa de cómo y quién se ha llevado la pasta, porque aquí no hay más misterio que la voluntad de encubrir y echar tierra al asunto”. 


Refrito.

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