La semana pasada el juez de la Audiencia Nacional
Santiago Pedraz presentó su auto mandando archivar la causa contra los
convocantes de 25-S, al concluir que no habían cometido ningún delito. http://www.eldiario.es/politica/destacado-auto-Pedraz_0_54594840.html
En el auto también hizo una
mención a la “decadencia de la clase política”, una mención que ha causado
mucho revuelo.
A estas alturas, las
descalificaciones que le han llovido al juez desde personas del PP no
sorprenden tanto. Lo que sí me choca es que la “Defensora del Pueblo” Soledad
Becerril está contemplando “actuar de oficio” contra el juez por su comentario.
Primero, una definición: “De
oficio” significa que un funcionario o un organismo tiene tiene la
obligación de investigar e intervenir al conocer que se ha infringido una norma
(o esto es lo que he entendido).
Más información básica: la
función de la Defensora del Pueblo es proteger los derechos y libertades
públicos de los ciudadanos, los cuales están recogidos en el Título 1 de la
Constitución (que es la parte más bonita, y a la que menos referencia hacen los
políticos de esta Ley de leyes...). Incluyen por ejemplo el derecho a la vida y
a la integridad física y moral (que uno no pueda ser sometido a tortura o a un
trato degradante), al trabajo, a la seguridad social, a una vivienda digna, a
un medio ambiente adecuado, al acceso a la educación y a la cultura, a la
intimidad, y la libertad de expresión, de reunión y asociación.
Recordando esto, al menos a mí me
resulta fácil estar plenamente de acuerdo con el lector de el diario.es,
que el otro día comentaba:
“¿Y no se le ha ocurrido a la
defensora del pueblo actuar de oficio en defensa de los cientos de pacíficos
ciudadanos que se han visto brutalmente agredidos por el excesivo celo de ese
instrumento político que es la policía "armada" cuando ejercitaban su
fundamental derecho de manifestación, o de las miles de familias que cada día
son privadas de su también fundamental derecho a una vivienda digna debido a la
inhumana e insaciable voracidad de los bancos, o de los cientos de miles de
honrados trabajadores que han perecido bajo las garras de una reforma laboral
decimonónica y esclavizante que les impide cumplir con su constitucional deber
de trabajar, o de las decenas de millones de esforzados contribuyentes que
observan inermes cómo los caudales públicos son sistemáticamente
malversados...?”
También es fácil pensar que las
personas que ocupan este cargo están bastante alejados de la gente en general.
Soledad Becerril es una marquesa, ex alcaldesa de Sevillo por el Partido
Popular. Y la que ahora ha sido cesada después de ejercer el puesto de forma
interina durante unos dos años, María Luisa Cava de Llano, ha solicitado del
Congreso (que lo ha aceptado) una pensión de indemnización de unos 170.000
euros (tenía un sueldo de 107.000 euros anuales).
Referente a la “decadencia de la clase política”, quizá sea
un error generalizar, pero desde luego la situación de la democracia está
bastante negra. Para terminar, un extracto de un artículo de Ignacio Escobar:
“...Lo que debería provocar un
consenso urgente entre los partidos políticos no es la respuesta corporativista
contra el juez Santiago Pedraz, sino un plan urgente contra esa decadencia de
la política, antes de que el divorcio con la ciudadanía vaya a más y sea
irreversible.
No es admisible, por ejemplo,
que uno de cada cinco parlamentarios del Partido Popular en las Cortes
Valencianas esté imputado por corrupción. O que el Bundestag alemán haya votado
y debatido el rescate a España, pero no lo haya hecho el Parlamento español. O
que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, tenga tiempo para hacer campaña
en las elecciones autonómicas de Galicia y Euskadi, pero que se vaya a pasar un
mes sin explicar en el Congreso su gestión. O que España sea casi el único país
occidental que no tiene una ley de transparencia (o que el proyecto que está
sobre la mesa sea opaco en su elaboración e inútil contra la corrupción por su
tibio desarrollo).”
(Lena)
No hay comentarios:
Publicar un comentario