En el artículo “ La gran
estafa: el Presupuesto de 2013”, el Catedrático de Ciencias Políticas y Políticas
Públicas Vicenç Navarro comenta el hecho de que el Estado español en 2013
tendrá que pagar casi 40.000 millones de euros en intereses de la deuda pública
a (sobre todo) bancos extranjeros y españoles. Según este autor, los altos
intereses de esta deuda se deben principalmente a “la oposición del Banco Central Europeo a comprar deuda
pública en los mercados primarios, es decir, directamente al Estado español,
como hace cualquier Banco Central digno de su nombre (tal como el Federal
Reserve Board de EEUU, el Banco de Inglaterra en Gran Bretaña o el Banco de
Japón). Los máximos beneficiarios de estos pagos del Estado a los acreedores
son los bancos españoles y europeos (entre los cuales sobresalen los alemanes
que tienen una excesiva dimensión, influencia y protagonismo en las
instituciones de la Eurozona) que recibieron prestado dinero del mismo BCE a
unos intereses por debajo de un 1%, con el cual compraron deuda pública española
a unos intereses del 6% y el 7%. Un negocio redondo para tales instituciones
financieras, que consiguieron gracias a la ayuda del BCE, que no es un banco
central sino un lobby de la banca y muy en especial de la banca alemana...”
Critica que las políticas de recortes y desmantelamiento del estado del bienestar que caracterizan el Presupuesto se presenten como las
únicas posibles, negando las alternativas que sí existen:
“...El
BCE podría actuar, por ejemplo, como un banco central, con el objetivo de estimular
la economía y no sólo controlar la inflación. El estado español podría haber
tenido ya en anteriores presupuestos y en los actuales una política fiscal
mucho más progresiva, de manera que en lugar de recortar las pensiones (para
conseguir 1.200 millones de euros) podría haber mantenido el impuesto de
patrimonio (consiguiendo 2.100 millones) o anulado la bajada del impuesto de
sucesiones (consiguiendo 2.552 millones) o anulado la bajada de impuestos a las
personas que ingresen más de 120.000 euros al año (consiguiendo 2.500
millones). O en lugar de recortar 6.000 millones en sanidad, podrían haber
anulado la bajada del impuesto de sociedades de las grandes empresas que
facturan más de 150 millones de euros al año (y que representan sólo el 0,12%
de todas las empresas), consiguiendo con ello 5.300 millones.
O
en lugar de recortar 200 millones a los servicios de atención a las personas
con dependencias, podrían haber eliminado el subsidio del estado a la Iglesia
Católica para que enseñe religión católica en las escuelas públicas del estado.
Y así una larga, larga lista mostrando que sí que hay alternativas, como Juan
Torres, Alberto Garzón y yo hemos documentado en el libro Hay alternativas.
Y
el estado español podría dejar colapsar bancos en España (Bankia es un caso
claro), estableciendo bancas públicas o subvencionando cooperativas de crédito
que lo garanticen. El rescate financiero es una ayuda más a la banca y a las
rentas superiores que son los mayores accionistas de tales bancos, sin que se
garantice el crédito. Hoy el obstáculo mayor al ofrecimiento de crédito es la
banca, cuyo poder en España es único en la UE y en la OCDE. Lo que ocurre con
los desahucios es un escándalo sin paralelo en otros países.
Estos
tres hechos ocurridos al final de septiembre son indicadores del enorme poder
de una minoría que está consiguiendo lo que siempre desearon: la destrucción de
los sindicatos, la eliminación de la protección social, la bajada de salarios y
la desaparición del estado del bienestar...”
(Por cierto, el otro día leí que en el tercer trimestre de este año hubo una media de 526 desahucios al día)
(Lena)
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