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| O. Andersson |
La semana pasada hubo huelga de
estudiantes, también aquí en el Instituto de Navaluenga. Según el portavoz del
Sindicato de Estudiantes, Tohil Delgado, las huelgas y las manifestaciones que
se han llevado a cabo (aquí, que yo sepa, no se ha hecho ninguna manifestación)
son en protesta al anteproyecto de la LOMCE (“ Ley Orgánica de Mejora de
la Calidad Educativa”) y los recortes
en la educación pública, y en defensa de “una escuela pública de calidad,
integradora, científica, laica, gratuíta...".
Sin embargo, los chicos con los
que he hablado en el pueblo no me han aclarado mucho sobre el porqué de la
huelga. La respuesta que más he oído ha sido que “no voy porque mis amigos no
van”, y más bien parece que la mayoría lo han visto como tres días extra de
vacaciones. El más consciente si me hablaba de recortes, que por ejemplo se
notan en que hace más frío en las aulas debido al ahorro en la califacción, y
de que hay que pagar fotocopias y otras cosas que antes eran gratis.
También tengo entendido que en el
Instituto hay siete profesores menos este año, que no se contrata a un
sustituto antes de las dos semanas de faltar un profesor, y que se han
suprimido asignaturas. Aquí invito a los que estén más enterados que yo a
informarnos un poco a todos.
En espera de eso, he intentado
saber algo más sobre la LOMCE con la ayuda de algunos artículos de eldiario.es.
No entiendo todo, pero algunos puntos que me llaman la atención son estos:
Las definiciones y objetivos
de la educación que aparecen en el preámbulo de la ley:
En lugar de
considerar la educación como “el medio más adecuado para garantizar el
ejercicio de la ciudadanía democrática, responsable, libre y crítica”, como
en la anterior ley (LOE), la LOMCE destaca que el nivel educativo determina
hasta qué punto una persona sea capaz de “competir con éxito en el ámbito
del panorama internacional” y acceder a “puestos de trabajo de alta
cualificación, lo que representa una apuesta por el crecimiento económico y por
un futuro mejor”.
La verdad es
que pienso que para cumplir con los objetivos expresados en la LOE habría que
cambiar bastantes cosas en la escuela, tanto de contenidos como de la forma de
enseñar y aprender (puede ser que me
equivoco, pero mi impresión es que la mayor parte de la enseñanza todavía se
basa mucho en la memorización, además de ser poco participativa) – pero en la
dirección contraria a la que apuntan la “reforma” propuesta (e impuesta) por el
Gobierno.
El cambio, sin embargo, no sorprende. Porque las noticias
que nos llegan cada día confirman cada vez más lo poco que le interesa al
Gobierno la democracia (si me apuran, yo diría que más bien parece ver la democracia como algo contrario a sus intereses).
El otro punto
que ahora quisiera comentar brevemente es el referente a los exámenes
estandarizados, o las “reválidas”. Se eliminarán la selectividad pero se
incluyen otros tres exámenes diseñados por el Ministerio de Educación: al
acabar 6º de Primaria, 4º de ESO (contará un 30% para la nota media de la
Secundaria) y al final del Bachillerato (contará un 40% en la nota).
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| http://www.commondreams.org/headline/2013/02/06-6 |
Justo esta
semana un amigo me ha enviado un artículo sobre las movilizaciones en Estados
Unidos en protesta por la manía y el aumento de pruebas estandarizadas (tipo
test). La pancarta de esta foto de Seattle, donde los profesores han decidido
boicotear dichas pruebas, dice; “Enseñemos a los chicos a pensar fuera de la
casilla, no a rellenar círculos”. Y estoy de acuerdo con los lectores que
comentan que esta manía tiene su origen en la “fé absoluta del gobierno y de
las empresas en los números”. Pero ¿cómo se evalúa la capacidad de un
profesor de transmitir una alegría y un deseo de aprender, de descubrir
y de pensar de forma crítica e independiente? Aunque se pueda evaluar,
no será fácil de reducirla a un simple número.
Pero ahora sí quiero
terminar poniendo algunos números:
En este
panorama de recortes brutales, el coste previsto para implantar la reforma
educativa ya se ha quintuplicado desde que se envió el primer borrador a las
CC.AA. Ahora asciende a 408 millones de euros que serán aportados por el Gobierno
central, más 50 millones anuales (durante tres años) con los que las
comunidades autónomas deberán contribuir.
(Lena)
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